El 8 de junio de 1865 Ignacio Agramonte concluye con notas sobresalientes el ejercicio de grado que lo acredita de Licenciado en Derecho Civil y Canónigo. Enmarcado en esa significación histórica, Cuba celebra en esta fecha el Día del Trabajador Jurídico.
Era el 8 de junio de 1865 cuando un joven camagüeyano concluía con notas sobresalientes su ejercicio de grado para licenciarse en Derecho Civil y Canónico. Con su estirpe de eterno defensor de la justicia, la verdad y la razón, Ignacio Agramonte Loynaz no vaciló en participar –junto a otros patriotas– en la elaboración de la Constitución de Guáimaro, que congregó sus virtudes como jurista y su pensamiento democrático.
Tal vez, por su manera de asumir que «la sociedad no se comprende sin orden, ni el orden sin un poder que lo provenga y lo defienda», cada 8 de junio los trabajadores jurídicos de Cuba, reciben el reconocimiento a su labor.
No en balde, nuestros juristas, en su afán de eternizar el legado de El Mayor, y conscientes de los nuevos retos, refuerzan el papel que les corresponde en la consolidación de un Estado de derecho y justicia social.
Bien lo sabe Oscar Silvera Martínez, titular del Ministerio de Justicia (Minjus), quien reconoce que esta jornada enaltece la labor de «quienes desde diversos órdenes aportan, se comprometen y trabajan en función de fortalecer la juridicidad del país como elemento intrínseco del proceso revolucionario».
Consciente de los desafíos que enfrenta actualmente el sistema jurídico en Cuba, en su diálogo con Granma, el Ministro puntualizó que ser más efectivo desde el derecho y la correcta aplicación de las leyes es esencial para el funcionamiento de la Constitución.
«El reto es que lo hagamos como está dispuesto, desde la multidisciplinariedad, y así mejorar los proyectos que se someten a decisión en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pues nunca es suficiente, y ahí recae también la belleza del intenso ejercicio legislativo», explicó.
En la preparación de los trabajadores del sector reinciden los objetivos que persiguen las normas. Por tanto, el Minjus, explicó Silvera Martínez, tiene la obligación de que el sistema funcione con los propósitos para los que está creado.
Y esto supone, dijo, «estructuras eficientes, que los abogados estén permanentemente capacitados, con las mejores condiciones posibles de trabajo y, sobre todo, que estén comprometidos con la responsabilidad que les corresponde».
Sobre las prioridades, explicó el deber de reforzar ambientes de legalidad y orden en las instituciones, además de concientizar a directivos y «aparatos comerciales económicos».
Tal vez cada 8 de junio signifique, por la conmemoración, volver a Agramonte. Y no está de más hacerlo cuando defendió con firmeza a su país. De él emana el deber de los juristas que, según el titular del sector, es «defender el concepto que nos dimos como pueblo, es una concepción que no se agota con los trabajadores jurídicos, pero sin esa presencia no está completo».
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